La construcción colombiana llega al cambio de Gobierno con señales contradictorias: menos actividad, crédito costoso y proyectos detenidos, pero también con una enorme necesidad de vivienda, mejoramientos y obras regionales. Para el maestro independiente y el ferretero, la verdadera reactivación no comenzará con un anuncio presidencial, sino cuando vuelvan las cotizaciones, los contratos, los despachos y los pagos oportunos.
Colombia está a pocos días de iniciar un nuevo periodo presidencial. Abelardo de la Espriella, elegido en la segunda vuelta de 2026, asumirá la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto. Como ocurre con cada cambio de Gobierno, comienzan a circular expectativas, promesas, temores y pronósticos sobre lo que vendrá para la economía.
En A La Obra Maestros creemos que este momento debe analizarse con serenidad. Sin aplausos anticipados, pero tampoco con pesimismo automático. Las campañas electorales se construyen con grandes anuncios; los sectores productivos, en cambio, se recuperan con presupuestos, reglas claras, crédito disponible, proyectos viables y decisiones que realmente lleguen a los territorios.
Para un maestro de obra independiente, un pintor, un instalador, un plomero, un electricista o un ferretero de barrio, la discusión política puede parecer lejana. Sin embargo, las decisiones que tome el nuevo Gobierno terminarán apareciendo en asuntos tan cotidianos como el precio de los materiales, la disponibilidad de crédito, la construcción de vivienda, los programas de mejoramiento, las obras públicas, los impuestos y la capacidad de las familias para contratar una remodelación.
Por eso vale la pena preguntarnos: ¿qué puede esperar realmente la cadena más práctica de la construcción durante los próximos cuatro años?
El Gobierno recibe un sector que todavía no despega
El punto de partida no es sencillo. Durante el primer trimestre de 2026, mientras la economía colombiana creció 2,2 %, el valor agregado de la construcción cayó 5,4 %. Dentro de ese resultado, las edificaciones retrocedieron 8,2 % y las actividades especializadas para la construcción disminuyeron 5,6 %. Las obras civiles apenas registraron un crecimiento de 0,6 %.
Detrás de esos porcentajes hay proyectos aplazados, cuadrillas reducidas, contratos que no arrancaron, apartamentos que no comenzaron a levantarse y negocios ferreteros que tuvieron que vender menos o financiar durante más tiempo a sus clientes.
Las cifras de vivienda también muestran una situación delicada. Entre enero y mayo de 2026, las ventas de vivienda nueva disminuyeron 8 % frente al mismo periodo del año anterior, mientras que los lanzamientos de nuevos proyectos cayeron 17,5 %. Además, el país completó 38 meses consecutivos de contracción en la iniciación de obras y, durante los últimos doce meses, comenzó la construcción de unas 112.500 viviendas, el nivel más bajo desde 2012, según datos divulgados por Camacol.
Hay, sin embargo, una señal que obliga a no caer en el derrotismo. En mayo de 2026 se licenciaron 1,9 millones de metros cuadrados para construcción, un crecimiento anual de 33,2 %. El área aprobada para vivienda aumentó 30,1 % y la destinada a usos no habitacionales creció 44 %.
Una licencia no es todavía una obra. No compra cemento, no contrata oficiales y no paga una factura en la ferretería. Pero sí representa una posibilidad futura. Si esos proyectos consiguen financiación, ventas, servicios públicos y seguridad jurídica, podrían convertirse en actividad durante los próximos meses.
El nuevo Gobierno, por tanto, no recibirá un sector destruido, pero tampoco una locomotora andando. Recibirá una máquina con capacidad, experiencia y necesidad de trabajar, a la que todavía le falta combustible.
La promesa de construir vivienda genera expectativa, pero debe aterrizarse
Durante la campaña, el presidente electo presentó una propuesta ambiciosa para impulsar la vivienda. Entre sus planteamientos aparecen la construcción de más de un millón de viviendas, la reactivación de subsidios, la simplificación de trámites y la creación de créditos hipotecarios con plazos de hasta 30 años y tasas cercanas al 2 % anual.
Para el sector constructor, cualquier política que facilite la compra de vivienda puede generar una cadena positiva. Cuando una familia consigue el cierre financiero, un proyecto puede alcanzar el punto de equilibrio. Cuando el proyecto arranca, se contratan trabajadores, se compran materiales, se alquilan equipos y se mueven servicios de transporte, alimentación y logística.
El efecto no termina con la entrega del inmueble. Una vivienda nueva también genera trabajos de enchape, pintura, carpintería, iluminación, divisiones, muebles, impermeabilización y adecuaciones. Es allí donde muchas veces entra el maestro independiente, que no necesariamente trabaja para una gran constructora, pero sí atiende las necesidades posteriores del propietario.
Para los ferreteros, la reactivación de la vivienda significa una mayor rotación de cemento, morteros, tuberías, pinturas, herramientas, elementos eléctricos, tornillería y productos para acabados. No obstante, entre anunciar un millón de viviendas y construirlas existe una larga cadena de decisiones técnicas, presupuestales y administrativas.
El crédito al 2 %, por ejemplo, puede resultar atractivo para los hogares, pero deberá contar con una fuente clara de financiación. En junio de 2026, el Banco de la República elevó su tasa de política monetaria al 12 %, reflejo de un escenario en el que el dinero continúa siendo costoso.
Además, Camacol ha advertido que las tasas hipotecarias no dependen únicamente de las decisiones del Banco de la República. También están relacionadas con el costo de financiación del país, el comportamiento de los títulos de deuda pública, el déficit fiscal y la percepción de riesgo.
Esto significa que una tasa subsidiada podría funcionar, pero exigirá recursos públicos, garantías, participación del sistema financiero y un mecanismo que pueda sostenerse durante varios años. De nada serviría lanzar un programa atractivo que después se detenga por falta de presupuesto o cambie sus condiciones cuando las familias ya hayan separado su vivienda.
La primera prueba del nuevo Gobierno será convertir una promesa electoral en una política técnicamente posible.
No toda la reactivación debe depender de grandes urbanizaciones
Cuando se habla de construcción, la conversación suele concentrarse en los grandes proyectos de vivienda, carreteras, aeropuertos y edificios. Son fundamentales, pero no representan toda la actividad del sector.
En Colombia existe un enorme mercado de ampliaciones, reparaciones y mejoramientos. Miles de familias no necesitan comprar una vivienda nueva: necesitan cambiar una cubierta, construir un baño, reforzar una placa, solucionar una humedad, renovar una instalación eléctrica, adecuar una cocina o reemplazar un piso deteriorado.
Ese tipo de obra tiene una característica especial: llega más rápido al maestro independiente y a la ferretería local.
Un programa nacional de mejoramiento de vivienda bien ejecutado podría distribuir oportunidades en ciudades intermedias, barrios populares y municipios pequeños. También podría generar empleo sin esperar los largos ciclos comerciales de una gran urbanización.
El Gobierno saliente fijó como meta mejorar las condiciones habitacionales de 400.000 hogares urbanos y rurales. El reto para la nueva administración será decidir si continúa, transforma o reemplaza estos programas, evitando que los cambios institucionales detengan obras que ya cuentan con beneficiarios y procesos en marcha.
Aquí existe una oportunidad importante. En lugar de contratar únicamente grandes operadores nacionales, los programas podrían fortalecer bancos regionales de maestros, contratistas y proveedores formales. Con requisitos proporcionales, capacitación básica y mecanismos de supervisión, una parte de esos recursos podría quedarse en las economías locales.
Para el maestro, eso significaría acceso a contratos más organizados. Para el ferretero, ventas vinculadas a proyectos verificables. Para el hogar beneficiario, mayor posibilidad de reclamar por la calidad del trabajo.
La obra pequeña no debe confundirse con improvisación. Puede ser técnicamente correcta, productiva y formal, siempre que existan acompañamiento, diseños adecuados, presupuestos claros y responsables identificables.
Menos trámites puede ser positivo; menos capacidad institucional puede ser peligroso
El nuevo Gobierno ha planteado una reducción del tamaño del Estado, mayor libertad económica y simplificación de trámites. En principio, disminuir procesos innecesarios puede ayudar a que los proyectos se desarrollen con mayor velocidad.
En Colombia, una obra puede quedar atrapada durante meses entre licencias, disponibilidad de servicios públicos, conceptos ambientales, planes parciales, permisos municipales y cambios de interpretación. Cada mes de retraso encarece el proyecto y posterga la contratación de mano de obra.
Pero simplificar no significa eliminar todos los controles. Una licencia urbanística no es simplemente una molestia burocrática: también verifica usos del suelo, estabilidad, espacio público, normas de seguridad y condiciones de habitabilidad.
El objetivo debería ser contar con procesos más rápidos, digitales y previsibles, sin convertir la reactivación en una carrera por construir de cualquier manera.
Lo mismo ocurre con una eventual reducción de entidades o programas. Eliminar duplicidades puede liberar recursos; desmontar equipos técnicos sin una transición organizada podría frenar subsidios, licencias, desembolsos y convenios regionales.
El maestro y el ferretero necesitan menos discursos sobre el tamaño ideal del Estado y más claridad sobre quién aprobará, pagará y vigilará cada proyecto.
La formalización no puede consistir solamente en exigir más papeles
La informalidad será otro de los grandes desafíos. Camacol la ha señalado como uno de los principales problemas que deberá enfrentar la política de vivienda. En el conjunto de la economía colombiana, el 54,7 % de las personas ocupadas trabajaba en condiciones de informalidad durante el trimestre marzo-mayo de 2026.
En la construcción, muchos trabajadores independientes no cuentan con contratos estables, protección frente a accidentes, ahorro pensional ni mecanismos efectivos para cobrar una deuda. Al mismo tiempo, numerosas familias los contratan sin documentos, alcance definido, anticipo reglamentado o garantías sobre el trabajo.
Formalizar debería significar mejorar esas condiciones, no expulsar del mercado a quien lleva años trabajando por cuenta propia.
El nuevo Gobierno podría impulsar un modelo gradual: capacitación certificable, afiliación sencilla a seguridad social por días o por periodos de obra, contratos modelo, facturación fácil, acceso a seguros, historial de experiencia y líneas de crédito para herramientas.
También será necesario reconocer las competencias adquiridas en la práctica. Un maestro con veinte años de experiencia no debería comenzar desde cero para demostrar lo que sabe. La certificación de competencias laborales puede servir como puente entre el conocimiento de la obra y las nuevas exigencias del mercado.
Para las ferreterías, la formalización también debe traer beneficios. Cumplir con facturación electrónica, impuestos, nómina y regulaciones tiene costos. Si el negocio formal compite contra vendedores que no cumplen ninguna obligación, la cancha permanece inclinada.
La respuesta no puede ser aumentar controles únicamente sobre quienes ya están registrados. Debe incluir crédito, acompañamiento, compras públicas locales, digitalización accesible y lucha real contra el contrabando y la comercialización de materiales sin especificaciones.
La seguridad también es una política para la construcción
La seguridad será una de las prioridades del Gobierno entrante. Aunque normalmente se analiza desde el orden público, también tiene una relación directa con la actividad constructora.
En varias regiones del país, contratistas, transportadores, comerciantes y trabajadores enfrentan extorsiones, robos de materiales, amenazas o restricciones para movilizarse. Una obra que debe pagar dinero ilegal para funcionar se encarece. Una ferretería amenazada pierde capacidad de inversión. Un maestro que no puede desplazarse a una vereda pierde oportunidades de trabajo.
Mejorar la seguridad puede facilitar la ejecución de infraestructura, vivienda rural y proyectos privados. Pero esa política deberá tener resultados territoriales, no solamente anuncios nacionales.
El sector necesita carreteras transitables, corredores logísticos seguros, instituciones capaces de recibir denuncias y autoridades que protejan al pequeño empresario. Para el ferretero de barrio, la seguridad comienza en la puerta de su negocio. Para el maestro, comienza en la posibilidad de llegar a la obra y regresar a su casa.
El ferretero deberá administrar con prudencia
El cambio de Gobierno puede generar optimismo comercial, pero el ferretero no debería llenar la bodega únicamente por una promesa de reactivación.
Durante los primeros meses será necesario observar cuáles programas reciben presupuesto, qué proyectos alcanzan cierre financiero, qué obras públicas quedan incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo y cómo evoluciona el crédito.
La recuperación probablemente será desigual. Algunas ciudades pueden reaccionar primero por vivienda; otras, por infraestructura, turismo, industria o mejoramientos. El inventario debe responder al movimiento real de cada zona.
También será importante proteger la cartera. Cuando escasea el trabajo, el crédito informal aumenta y los plazos se alargan. Vender más no siempre significa ganar más, especialmente cuando el dinero permanece durante meses en cuentas por cobrar.
El ferretero que conozca a sus clientes, revise su rotación, negocie con proveedores y evite sobreinventarios tendrá mejores posibilidades de aprovechar una recuperación sin comprometer su caja.
Su ventaja seguirá siendo la cercanía. Una gran superficie puede competir en precio, pero la ferretería local conoce el barrio, recomienda cantidades, consigue un producto urgente y entiende cómo trabaja cada maestro. Esa capacidad debe complementarse con herramientas digitales, control de inventario y medios de pago modernos.
¿Qué debería exigirle el sector al nuevo Gobierno?
La construcción no necesita que el Gobierno favorezca a una empresa o a un gremio particular. Necesita condiciones para que las familias, los inversionistas y las entidades públicas puedan volver a contratar.
Esto implica una política de vivienda estable, financiación posible, programas de mejoramiento, reglas urbanísticas claras, obras públicas con presupuesto, formación laboral y pagos oportunos.
Camacol, Asobancaria, Asocajas y el Banco Interamericano de Desarrollo han presentado una propuesta integral para el periodo 2026-2030 que incluye subsidios, financiación, habilitación de suelo, renovación urbana y nuevos modelos de negocio. También se ha propuesto una versión renovada de Mi Casa Ya, con mayor cobertura y participación de entidades territoriales y cajas de compensación.
Son propuestas que merecen ser estudiadas, pero deberán mirar más allá del comprador de vivienda y del gran constructor. La cadena también incluye al oficial, al instalador, al transportador, al pequeño contratista, al distribuidor y al ferretero que abre cada mañana sin saber cuánto venderá.
El verdadero indicador de recuperación no será el número de anuncios ni de ceremonias de inicio. Será la cantidad de obras que continúen hasta su entrega, los empleos que duren más de unas semanas y las facturas que se paguen dentro del plazo acordado.
La confianza también se construye
Todo nuevo Gobierno recibe un periodo inicial de expectativa. Esa confianza puede movilizar inversión, pero también puede agotarse rápidamente si las decisiones se contradicen o las promesas no cuentan con recursos.
El presidente electo ha puesto la vivienda y el crecimiento económico dentro de sus principales apuestas. Eso abre una posibilidad. Sin embargo, la construcción necesita continuidad, diálogo técnico y capacidad de ejecución.
Desde A La Obra Maestros esperamos que el nuevo Gobierno comprenda algo elemental: una vivienda no la levanta un decreto. La levanta una cadena de personas que cotizan, cargan, miden, mezclan, instalan, revisan y responden por el resultado.
La reactivación tampoco ocurre únicamente en una sala de juntas. Se siente cuando al maestro comienzan a llamarlo nuevamente, cuando puede contratar a un ayudante, cuando la ferretería recupera la rotación y cuando una familia vuelve a tener recursos para arreglar su casa.
Los próximos cuatro años pueden traer oportunidades si se recuperan la confianza, la financiación y la ejecución. También pueden convertirse en otro periodo de anuncios inconclusos si la política de vivienda cambia constantemente o si la situación fiscal impide cumplir lo prometido.
No corresponde entregar un cheque en blanco al Gobierno que llega, pero tampoco cerrar la puerta antes de que comience. Corresponde vigilar, proponer y exigir resultados.
Al final, el nuevo Gobierno no será evaluado por la cantidad de veces que utilice la palabra “reactivación”. Será evaluado por las obras que efectivamente arranquen, por las que logren terminarse y por la cantidad de colombianos que puedan volver a vivir dignamente de construirlas.