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Industria de los insumos para construcción firmará pacto con el Gobierno Nacional para mitigar la ilegalidad

Fotografías y contenido: Cortesía Asogravas

Colombia es un país en el que el 50% de la construcción se realiza de manera informal. En tal sentido, el próximo 5 de agosto, el Presidente de la República, Iván Duque y la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, firmarán el Pacto por el Crecimiento de la Construcción, con representantes de los gremios del sector, cuyo objetivo será mejorar las condiciones económicas del sector, a través de la intervención de 15 cuellos de botella.

El Gobierno Nacional identificó los principales retos en los que trabajará para maximizar el potencial de la industria de la construcción. Uno de los principales, es la alta informalidad, que se espera intervenir con el impulso de la campaña Compra Formal, Construye Legal, una iniciativa que busca motivar las buenas prácticas, evitar el contrabando, la evasión de impuestos y regalías, e impulsar una óptima calidad en los materiales que se utilizan en las obras de los colombianos.

Es relevante destacar que la informalidad está creciendo de forma alarmante: En agregados pétreos, alcanza el 60% y en la industria ladrillera y de concreto, llega al 50%. Por su parte, en el sector de pinturas, alcanza un porcentaje del 30% en las ventas y en el de plástico un 20%.

“Es muy importante esta firma, porque se van a generar indicadores para cada uno de los cuellos de botella, que permitirán medir su desarrollo. Desde el punto de vista de la informalidad, una de las estrategias es buscar mecanismos que le den confianza a los colombianos, para garantizar que los materiales utilizados en sus obras provienen de fuentes conocidas y que cumplen con las normas de calidad exigidas por la ley”, afirmó Manuel Lascarro, Director General de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto – Asocreto.

A lo que se sumó la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos – Asogravas, que expresó que “la mejor forma de atacar la ilegalidad, en especial la evasión de impuestos y regalías, es la optimización del control fiscal por parte de la DIAN, sumada a la implementación de las mejores prácticas de control minero ambiental”, enfatizó Carlos Fernando Forero Bonell, Director General del gremio.

Por su parte, Daniel Mitchell, Presidente de Acoplásticos, insistió en la importancia de proteger de este tipo de prácticas al consumidor y a las empresas formales. “Resulta urgente fortalecer los esquemas de vigilancia y control, generar mayor conciencia sobre la problemática y que adicionalmente, haya un respaldo legal que dé a las autoridades de control más instrumentos para ejercer su función”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité del Sector Ladrillero de la ANDI, añadió que “con este pacto y la campaña, se impulsa la economía colombiana, propiciando el mejoramiento de la competitividad del sector, abriendo espacios de participación y discusión, que permitan encontrar fórmulas para el desarrollo de una industria que, como la del ladrillo, ha cimentado la historia de este país”, señaló Catalina Pimienta Gómez, Directora del Comité.

Finalmente, María Juliana Ospina, Directora Ejecutiva del Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI, agregó “se debe promover el cumplimiento de los reglamentos técnicos para las barras corrugadas y la mallas electrosoldadas, pues de esta forma se garantiza la seguridad de millones de personas. Otro reto que se debe afrontar para lograr la meta de crecimiento, es prevenir el contrabando técnico y evitar el ingreso de barras corrugadas que no cumplen las normas de sismo resistencia, por lo cual la industria siderúrgica continuará trabajando articuladamente con la DIAN, para prevenir este delito que pone en riesgo la integridad de los ciudadanos”.

Otros desafíos descritos por el Gobierno Nacional en los 15 cuellos de botella son: el bajo cumplimiento de estándares de calidad en productos e insumos de las PYMES proveedoras del sector, baja participación de la industria colombiana en ejecución de obras públicas, dificultad de las empresas para validar nuevos materiales y sistemas constructivos, deficiencia de capital humano, baja apropiación de nuevos sistemas constructivos y tecnologías para vías terciarias y vivienda rural dispersa, entre otros.

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